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En una reciente iniciativa legislativa, el Gobierno español ha presentado un anteproyecto de ley destinado a modificar los requisitos que definen las microempresas y pymes en términos de información corporativa
Esta modificación permitirá que un mayor número de negocios puedan beneficiarse de ventajas mercantiles y ayudas, adaptando los umbrales a la inflación.
La normativa propuesta incrementa los límites del volumen de activos y de ingresos anuales para definir el tamaño de una empresa. En concreto, los nuevos criterios permitirán que más empresas puedan presentar balances de cuentas abreviados, simplificando la información requerida y reduciendo las cargas administrativas y los costes asociados.
Nuevos criterios para microempresas y pymes
A partir del 1 de enero de 2024, las empresas podrán considerarse microempresas si cumplen durante dos años seguidos al menos dos de los siguientes criterios:
Activo no superior a 5 millones de euros (frente a los 2,8 millones actuales).
Cifra de negocio no superior a 10 millones de euros (actualmente 5 millones).
Número medio de empleados por debajo de 50 (sin cambios).
Además, la normativa futura también redefine las entidades pequeñas y medianas a efectos de simplificar las obligaciones en materia de auditoría:
Entidades pequeñas: Activo no superior a 5 millones de euros (actualmente 4 millones); cifra de negocio anual no superior a 10 millones de euros (actualmente 8 millones); número medio de trabajadores no superior a 50.
Entidades medianas: Activo no superior a 25 millones de euros (actualmente 20 millones); cifra de negocio no superior a 45 millones de euros (actualmente 40 millones); número medio de trabajadores no superior a 250.
Impacto de la nueva normativa
Estos nuevos criterios también influirán en otros aspectos importantes para las microempresas y pymes, como la obligación de presentar informes de sostenibilidad y el acceso a determinadas ayudas y condiciones especiales de financiación.
La Comisión Europea ha dado apoyo a esta reforma, ajustando los umbrales en un 25% para alinearlos con la inflación observada desde 2013. Esta actualización es parte del esfuerzo de Bruselas por simplificar las obligaciones burocráticas de las empresas, especialmente en lo que respecta a la presentación de informes y auditorías, que son cada vez más complejas para las empresas más pequeñas.
Con estas modificaciones, el Gobierno busca facilitar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, permitiéndoles enfocarse en su crecimiento y sostenibilidad sin las pesadas cargas administrativas a las que se han enfrentado hasta ahora. Sant Cugat Consulting by Talenom seguirá de cerca la evolución de esta normativa para asesorar a sus clientes sobre cómo se pueden beneficiar de estos cambios.
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Fuente Comunicae
